Para ayudar a las familias más golpeadas por la inflación, el Gobierno aprobó este martes una importante rebaja del IVA del gas natural doméstico, del 21% al 5%, que se espera que ahorre a los consumidores españoles casi 210 millones de euros.

La propuesta, presentada inicialmente por el Partido Popular (PP/EPP) de centro-derecha, principal fuerza de oposición en el Parlamento, entrará en vigor en octubre.

“La medida se aplicará también a las astillas, los pellets y la leña”, ha dicho este martes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE/S&D).

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso con la mayoría social de este país al reducir los impuestos de la electricidad hasta en un 80% para ayudar a familias y empresas ante esta crisis energética”, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en Twitter.

Aunque la medida debería durar en principio hasta el 31 de diciembre, Sánchez apuntó que en caso de ser necesario podría extenderse a todo 2023.

La bonificación también se extenderá a todos los suministros de gas natural para las calderas de comunidades de propietarios que, por los volúmenes manipulados, no puedan acogerse a una tarifa regulada cuya subida está limitada por el Gobierno al 5% trimestral.

Esta es la segunda reducción del IVA en productos energéticos aprobada por el gobierno. En junio se aprobó una reducción del 5% del IVA en los precios de la electricidad.

Mientras tanto, el martes Ribera se reunió con el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, para negociar los detalles del plan de ahorro energético que España deberá presentar a la Comisión Europea en las próximas semanas.

El PP envió la semana pasada al Gobierno su propuesta de «plan de rescate energético» para familias y empresas, con propuestas concretas que pueden ayudar especialmente a los más vulnerables.

Entre otras medidas, el proyecto presentado por el PP prevé descuentos directos en la factura energética en función del porcentaje de ahorro en el consumo, que podría llegar hasta el 20% en el caso de la electricidad y hasta el 40% en la factura del gas.

Además, según fuentes oficiales, también sugiere la creación de un organismo independiente para evaluar la política energética española y la posibilidad de extender la vida útil de las siete centrales nucleares aún en funcionamiento en el país ibérico.