España ha decidido aumentar el salario mínimo un 8% para 2023. Así, según comunicados del Gobierno, alrededor de 2,5 millones de trabajadores con salarios bajos recibirán 1.080 euros brutos al mes en 14 cuotas.
El aumento «no es solo un anuncio» sino que «permitirá cambiar la vida de las personas», dijo en rueda de prensa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. en Madrid.
“El Gobierno español mantiene sus compromisos (…) Estoy muy orgulloso”, añadió la ministra después de que el Consejo de Ministros decidiera aumentar el salario mínimo (Smi) para este año.
El aumento se aplicará retroactivamente a partir del 1 de enero y solo se acordó con los sindicatos más grandes de España, Ugt y Cc.Oo, luego de que la patronal CEOE optara por no participar en las negociaciones.
CC.Oo y Ugt exigieron una subida del 10%, hasta los 1.100 euros, mientras que Díaz apoyó la gama alta del informe de un comité de expertos, que proponía una subida de entre el 4,6% y el 8,2%.
La vocera del Gobierno, Isabel Rodríguez, destacó que el aumento respeta el compromiso del Gobierno progresista de elevar el salario mínimo al 60% del salario medio del país.
El salario mínimo en España ha aumentado un 46,8 % desde 2019, con un aumento inicial del 22,3 % durante el primer mandato de Sánchez y un 20 % durante los cuatro años del gobierno de coalición Psoe-Unidas Podemos.
En un reciente discurso ante el Senado, el presidente Sánchez recordó la pérdida de poder adquisitivo en España durante la última década, que atribuyó a la falta de responsabilidad política y también a la falta de «solidaridad» del sector privado con la clase trabajadora.
El presidente del Gobierno ha defendido las subidas del salario mínimo aprobadas desde que asumió el cargo ante la «firme oposición de los neoliberales».
El salario mínimo se creó en España en 1963, cuando era de 1.800 pesetas mensuales (unos 10,8 euros) y permaneció congelado durante los siguientes tres años; desde entonces, se ha actualizado anualmente y, a veces, especialmente en épocas de alta inflación, dos veces al año.
Desde 1980, tras la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se revisa anualmente previa consulta entre sindicatos y organizaciones empresariales.
(Fernando Heller | EuroEFE.EURACTIV.es)
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