El partido de oposición español Ciudadanos (CS) ha preguntado al Gobierno si tiene un plan de contingencia para asegurar que el veto en contratación pública ordenado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra algunas de las principales constructoras del país, no afecte a las obras públicas debido a la falta de empresas con capacidad suficiente.
En una pregunta planteada en el Congreso de los Diputados, Cs también preguntó si el Ejecutivo aplicará esta prohibición, durante cuánto tiempo y si prevé mantener esta prohibición en la futura estrategia nacional de contratación pública. El 7 de julio, la CNMC impuso multas por un total de 203,6 millones de euros a Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, Ohl y Sacyr por amañar miles de concursos públicos de construcción de infraestructuras y obras públicas durante 25 años. Según el supervisor, estas seis empresas se reunirían semanalmente a partir de 1992, tomando decisiones de contratación pública en las que compartirían el trabajo técnico de sus ofertas e intercambiarían información sobre su estrategia de licitación para la contratación pública. En su resolución, la autoridad de control también estableció la prohibición para que estas empresas celebren contratos con la administración pública.
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