El martes, los diputados debatirán un proyecto de ley sobre un impuesto temporal sobre los beneficios de bancos y empresas energéticas que podría suponer una recaudación de unos 7.000 millones de euros en 2022 y 2023, y que según los expertos podría ser «inconstitucional».

La coalición formada por el PSOE socialista del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y Unidas Podemos había acordado previamente un impuesto del 1,2 % sobre los beneficios de las grandes empresas energéticas y del 4,8 % sobre las comisiones e intereses netos de la banca española, según informa Efe. socio de EURACTIV.

Sin embargo, el Partido Popular (PP) de centroderecha y Vox de extrema derecha, las dos principales fuerzas de oposición en el parlamento, se opusieron.

Alternativamente, el secretario general del PP, Alberto Núñez Feijóo, propuso desinflar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (Irpef), diciendo que sería una mejor manera de contener la inflación galopante, que subió en agosto al 10,4%.

A fines de julio, Sánchez dijo que las grandes empresas energéticas y los bancos «pueden y deben ayudar al país» a salir de la crisis, al igual que España ayudó a los bancos a salir de la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, el lunes, expertos del Instituto Español de Estudios Económicos (IEE) advirtieron que estos nuevos impuestos son «potencialmente inconstitucionales y no conformes con la legislación de la UE», por lo que pueden ser impugnados ante el Tribunal Constitucional.

“Aunque definido como un beneficio económico público no tributario, el gravamen bancario temporal es, de hecho, un impuesto. Tiene los elementos propios de un impuesto y, más concretamente, de un impuesto, dado que asume hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica”, reza el informe del IEE.

«Se gestiona como un impuesto -continúa el informe- se revisa como un impuesto y se ingresa en el erario público para financiar el gasto público».

En un informe anterior publicado en julio, el IEE advertía de que los dos nuevos impuestos podrían reducir el crecimiento de España en unos 5.000 millones de euros y se podrían perder unos 72.000 puestos de trabajo.