La Presidencia española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2023, será el gran escaparate de la proyección internacional del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Periodo que coincidirá también con las elecciones políticas previstas para finales de año. Será la quinta vez que España asuma la responsabilidad 13 años después de la última vez que le tocó el turno al entonces presidente José Zapatero. España se encargará de organizar alrededor de 2.000 reuniones en Bruselas y Luxemburgo y acogerá más de 200 eventos en su territorio, según informan fuentes gubernamentales al diario ‘El País’. Ante la magnitud del reto, el Gobierno constituyó el pasado mes de enero la Comisión Organizadora de la Presidencia Española de la Unión Europea, presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, y cuyo secretario es el director de la Oficina de Coordinación de la Presidencia. de la UE, Aurora Mejía, personalidad que trabaja en Moncloa, la sede del gobierno en Madrid. El comité organizador ha elegido las 25 ciudades donde se celebrarán las reuniones de alto nivel, repartiéndolas en todas las comunidades autónomas, salvo los enclaves de Ceuta y Melilla.

La cumbre de la Alhambra será probablemente el gran escaparate de la presidencia española, pero no su hito más importante. Sánchez, de hecho, se centra mucho en la cumbre entre los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Será la primera vez que los líderes europeos y latinoamericanos se reúnan desde 2015 -cuando este evento debería tener lugar cada dos años-, lo que demuestra la distancia entre la UE y una región considerada «la más eurocompatible» del mundo. . Sánchez no será el anfitrión de esta reunión, porque la cumbre conjunta no se celebrará en España sino en Bruselas, pero la presidirá el presidente del Gobierno español junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Además, España ha dado el impulso decisivo a la organización de esta cumbre, que ya ha sido aprobada por la UE y para la que confía en una respuesta positiva de los países latinoamericanos.

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