El Gobierno español ha aprobado una nueva ley de «memoria democrática» que promueve el reconocimiento y persecución de los delitos del franquismo. Entre otras cosas, establece como «política de Estado» la búsqueda y exhumación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura.

Dijo Félix Bolaños, ministro encargado del proyecto de ley: “El Estado reconoce que los restos de las víctimas de la guerra civil deben ser recuperados a partir de la implementación de esta ley. ¿Quién está en condiciones de negar a las víctimas el derecho a recuperar los restos de sus seres queridos? Quién ? Esto es lo que establece la ley.

La derecha en su conjunto rechazó esta ley. El centroderecha, encabezado por el principal partido de la oposición, no se opuso directamente al reconocimiento de las víctimas, sino que centró sus críticas en que el Gobierno había pactado la ley con, entre otros, los separatistas vascos, que durante muchos años se negaron a condenar los asesinatos de terroristas de ETA.

Así Jaime Miguel Mateu, diputado del Partido Popular: “(Sobre la participación del partido independentista vasco EH Bildu en las negociaciones y las supuestas concesiones que la derecha dice que la ley le otorga) No podemos permitir que las personalidades del terrorismo legislen y , peor aún, escribir las historias de sus víctimas es indecente».

Mientras que la extrema derecha votó en contra de la ley porque cree que ‘divide’ a los españoles, los partidarios de la independencia catalana votaron en contra porque creen que ‘equilibra el régimen fascista establecido’ por la actual constitución española.