España ha violado los derechos políticos del actual diputado y expresidente catalán Carles Puigdemont -y de sus electores- al despojarlo de su escaño en el parlamento regional. Así lo estableció el jueves 18 de mayo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El Comité concluye que no se puede considerar que la suspensión de funcionarios electos “por presuntos delitos basados ​​en actos públicos y pacíficos” cumpla con el requisito de estar “basada en motivos razonables y objetivos”.

Esta decisión «confirma la vulneración de los derechos políticos del presidente en el exilio, poniendo así en entredicho la reputación democrática de España», comentó entonces el gabinete de Puigdemont.

La medida de España fue aprobada por el Tribunal Supremo en 2018, sobre la base de la demanda contra Puigdemont tras el referéndum de independencia de 2017, que fue declarada ilegal por las autoridades españolas.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, compuesto por 18 expertos independientes, supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). Al haberse adherido al Pacto y al Protocolo Facultativo, España está obligada por las decisiones del Comité derivadas de denuncias individuales.

Según la sentencia, la suspensión de Puigdemont por parte de España violaría el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que el Comité llama «la esencia del gobierno democrático», que garantiza a los ciudadanos el derecho a «participar en la conducción de asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos” y a “votar y ser elegidos en elecciones periódicas efectivas por sufragio universal e igual y por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores”.

El Comité también insta a España a «publicar y difundir ampliamente» la decisión y otorga al país 180 días para informar al Comité sobre los pasos que ha tomado para implementar la decisión y las reparaciones, así como los esfuerzos para prevenir violaciones similares en el futuro.

En este caso, sin embargo, el Comité considera que la decisión en sí es una reparación «suficiente» y que, por tanto, España no está obligada a devolver el escaño parlamentario a Puigdemont ni a indemnizarla.

(Max Griera | EURACTIV.com)